Expertos coinciden en la necesidad de fomentar una cultura preventiva ante posibles emergencias para poder mitigar las consecuencias

El papel del asesoramiento científico en la toma de decisiones ante crisis y emergencias ha protagonizado la segunda jornada del curso «Contribución de la ciencia a situaciones de crisis, episodios extremos y emergencias», organizado por la Universitat d’Estiu de la UJI en Benicàssim. Los especialistas del encuentro han subrayado la importancia de anticiparse a los posibles escenarios de riesgo para mejorar la respuesta institucional y reducir las consecuencias económicas y sociales derivadas de estas situaciones

Durante su intervención el profesor de investigación del CSIC Joan Martí ha expresado que «el problema es que en España existe una cultura reactiva y no preventiva ante las crisis y catástrofes que pueden venir, y esperar el problema siempre tiene un mayor coste económico a posteriori». El experto, que participó directamente en el asesoramiento del volcán de El Hierro, considera que una de las razones es que «la prevención y la vigilancia no da rendimiento político a corto plazo», y el proceso de investigación y la elaboración de planes ante posibles fenómenos extremos como danas o erupciones volcánicas pueden durar años. Martí ha querido destacar que en España la gran mayoría de los municipios no tienen elaborado el plan sobre inundaciones y muchos solo lo empezaron a trabajar después de la dana de Valencia y no cumplen las normativas medioambientales.

Inés Galindo, del Instituto Geológico y Minero de España, ha destacado que «es fundamental ese asesoramiento científico para generar la información que pueda ayudar a los gestores a la toma de decisiones, ya que pueden generar confianza y prever futuras intervenciones». La científica coincide en la falta de cultura preventiva de las administraciones, y esa situación supone que cuando acontece «un episodio ambiental extremo las consecuencias sociales, sanitarias y económicas sean mayores».

Al respecto de las consecuencias económicas, el director de Investigación del IVIE, Francisco Pérez, ha comentado que «muchas veces las decisiones económicas que afectan a las crisis y a las emergencias se toman en contextos de incertidumbre y eso puede generar errores». Pérez ha puesto como ejemplo «catástrofes naturales o sanitarias, como la pandemia provocada por el covid que conllevan la interrupción de la actividad económica, desempleo y precariedad». El investigador del IVIE ha comentado que el coste público de la pandemia se estimó en unos 80.000 millones de euros. Respecto a la influencia de la economía en la gestión de la prevención de episodios como los de la dana de Valencia, Pérez ha señalado que tras la crisis económica provocada por la burbuja inmobiliaria, la inversión en obras hidráulicas en Valencia entre el 2008 y el 2020 se redujo un 75%.

En la mesa redonda de temática sanitaria, el investigador de Medicina Preventiva y Salud Pública del Fisabio, Salvador Peiró, ha revisado diferentes crisis sanitarias desde los años 80 hasta el presente como la de las vacas locas, el aceite tóxico, el ébola, la ola de calor de 2003 o el covid. Ha sido, precisamente, la crisis de la pandemia de 2020, según el experto «la que ilustró la importancia de la ciencia en la orientación de estrategias políticas y, al mismo tiempo, mostró la complejidad de la relación entre ciencia y la política», aunque ha querido dejar claro que «los expertos no son los que deben tomar las decisiones sino que la respuesta depende de las instituciones a partir de los datos».

En este sentido, otra de las expertas participantes en la jornada, M.ª José Sierra Moros, del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio Sanidad considera que «la toma de decisiones requiere datos de calidad y una interpretación certera de los datos, aunque nunca es fácil en periodos de incertidumbre». Por ello, Sierra ha insistido en la necesidad de «establecer políticas preventivas», aunque ha lamentado que a pesar de haber pasado el covid, aún a día de hoy, no hay una Agencia Estatal de Salud Pública para establecer mecanismos preventivos y no improvisar, «y algunas comunidades autónomas están peor en políticas de prevención que entonces, y existe una incapacidad para dotar de recursos humanos en condiciones».

Otra de las cuestiones que ha surgido durante la jornada ha sido la necesidad de dotar de mecanismos de educación a la sociedad en materia de fenómenos extremos, ya que «una sociedad educada es mucho más resiliente que una analfabeta a la hora de actuar en materia de emergencias ante los posibles riesgos», ha manifestado el investigador del CSIC Joan Martí. En este sentido se ha puesto el ejemplo de otros países, como Nueva Zelanda o Japón, donde se planifican simulaciones en las que participa toda la sociedad ante posibles crisis como los terremotos para que las personas sepan actuar en caso de una catástrofe.

La jornada también ha contado con las aportaciones del médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública Juan Bellido en su ponencia sobre «Brotes epidémicos como oportunidad de investigación en alertas sanitarias» y de Beatriz González, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su conferencia titulada «Economía y crisis sanitarias».

En el acto de clausura, la vicerrectora de Cultura de la UJI, Carmen Lázaro, acompañada por los codirectores del curso, Xavi Querol y Eliseo Monfort, ha manifestado que «la ciencia no puede ser un actor secundario en la gestión de las crisis, sino que debe estar en primera línea del pronóstico».